Levante 15 abril 05

La UE expedienta a España al ver ilegal la aplicación de la Ley Urbanística del Consell



PROTESTA. ABUSO URBANÍSTICOS NO HA ENCEBEZADO LA DENUNCIA ANTE LA UE.







Bruselas advierte que la LRAU vulnera directivas en materia de adjudicación de contratos

F. J. Benito, Alicante

La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España al considerar que la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulnera sistemáticamente desde su aprobación el derecho comunitario al no respetar la Directiva 93/17 CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre los procedimiento de adjudicación de los contratos públicos. La denuncia alude al hecho de que ayuntamientos y empresas urbanizadoras de los Planes de Actuación Integrada (PAI) incumplen la obligación de publicar sus proyectos de urbanización en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la UE, lo que ha permitido actuaciones supuestamente opacas y lesivas contra los intereses de los propietarios del suelo.

La CE remitió el pasado 21 de marzo un informe de 13 folios al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el que se le advierte de las irregularidades e insta a que en un plazo no superior a dos meses -21 de mayo- remita las alegaciones de España a Bruselas. La reacción de Bruselas se produce tras la denuncia presentada en julio de 2004 contra la LRAU por la plataforma «Abusos Urbanísticos No» relativa, precisamente, al incumplimiento de la normativa europea sobre contratos públicos. Este colectivo, formado por unos 15.000 propietarios afectados por la legislación valenciana casi todos en la provincia de Alicante, viene denunciando la indefensión que sufren ante la actitud de muchos ayuntamientos y urbanizadores que han venido aprobando PAIs bajo el paraguas de una ley polémica que nunca ha tenido reglamento.

La CE considera que España ha vulnerado las obligaciones que le incumben conforme a la directiva europea sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos y, particularmente, los artículos relativos a éstos. Algo que se considera grave y fundamenta, además, la queja de los propietarios del suelo afectados. José Crespo, miembro de la plataforma, explicó ayer que «los ayuntamientos debieran establecer un pliego de condiciones explicando exactamente lo que quieren hacer cada vez que quieren urbanizar una zona y publicarlo en los boletines oficiales para que cualquier interesado pudiera presentar su oferta. El ayuntamiento tendría la obligación de elegir la oferta económicamente más ventajosa y su discrecionalidad está limitada por una serie de criterios objetivos».

Blasco admite la necesidad de cambios

La Conselleria de Territorio hizo ayer público un comunicado señalando que la iniciativa de la CE sobre la LRAU confirma la necesidad de contar con una nueva ley urbanística, en cuya redacción trabaja desde hace varios meses. En su nota, Territorio admitió los «abusos» que se han cometido al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística «aprobada por el PSPV-PSOE cuando gobernaba en 1994». En el escrito, no obstante, se obvió que ha sido bajo el Consell del PP cuando se han cometido las tropelías urbanísticas. Territorio volvió a recordar ayer que la LUV incorpora los cambios necesarios para aumentar la protección de los propietarios del suelo que, por ejemplo, deberán ser notificados individualmente de los proyectos.

El ex jefe de coordinación territorial se va al Servef de Gandia






Levante-EMV, Valencia

El hasta ahora jefe de servicio de coordinación territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, Salvador Martínez Ferrer, ocupará la dirección del centro de formación del Servef en Gandia. Martínez Ferrer, quien hasta el martes era uno de los responsables de los estudios e informes previos a cualquier variación los planes generales de los municipios, incluídas reclasificaciones de suelo, aseguró ayer que su traslado al nuevo destino ha sido «voluntario» y por «razones personales y familiares». El que se ha convertido en el décimo funcionario cualificado de la conselleria de Territorio y Vivienda que deja el puesto desde que Rafael Blasco asumió las riendas del departamento, manifestó en un comunicado que no ha sido «destituido» por el conseller, sino que se va al Servef «dentro de un concurso general de funcionarios de la Generalitat para la provisión de puestos de trabajo».

Martínez Ferrer deja el puesto un mes después del relevo de Javier Gómez como director general de Gestión del Medio Natural. Gómez se había negado a firmar algunas declaraciones de impacto ambiental en proyectos que estaban envueltos de polémica. Antes que Gómez cesaron otros ocho responsables de la cúpula de la conselleria. Como funcionarios que son, se trasladaron a otras plazas en la Administración. Los jefes de servicio y de área de Urbanismo pasaron a Agricultura y el responsable de información de Urbanismo a la Conselleria de Infraestructuras. El que era jefe de servicio de impacto ambiental, Ángel Guzmán, regresó a su plaza de funcionario en Castilla-La Mancha. No sin antes presentar en el registro de entrada de Territorio un escrito en el que criticaba la práctica de Blasco de derivar a Vaersa la realización de informes de impacto ambiental.

PROYECTOS URBANÍSTICOS
Agró presentará nuevas denuncias por declaraciones de impacto contradictorias



ZONA URBANA. VISTA AÉREA DE LA ZONA URBANA DE CARCAIXENT.





El fiscal archiva la iniciativa sobre los ceses en la Conselleria de Territorio y Vivienda

R. Laguna, Valencia

Acció Ecologista-Agró ha anunciado nuevas denuncias relativas a proyectos urbanísticos aprobados a partir de declaraciones de impacto ambiental contradictorias o de dudosa fiabilidad, respecto de dos actuaciones urbanizadoras en Carcaixent. Mientras tanto, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido el archivo de la denuncia presentada por Acció Ecologista-Agró en relación con la dimisión del Director General del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y los ceses o dimisiones de varios altos funcionarios de esta conselleria que trabajaban en las Declaraciones de Impacto Ambiental.

Fuentes del gabinete de comunicación del TSJCV confirmaron ayer que la Fiscalía adoptó esta decisión hace ya más de un mes, pero no ha sido hecha pública hasta ahora.

En la denuncia se apuntaba la posibilidad de que tales ceses o dimisiones estuvieran relacionadas con la existencia de presiones para inclinar los informes técnicos o las Resoluciones del Director General cesado en un determinado sentido.

La denuncia se archiva porque de su contenido no se deduce la existencia de conductas tipificables como infracción penal y, «por tanto, no hay base para considerar que se dan las presiones para conseguir una resolución que favorezca económicamente a alguien».

Para Acció Ecologista-Agró, «la decisión adoptada por el Fiscal Jefe se ha basado exclusivamente en el texto de la denuncia presentada por Acció Ecologista-Agró, sin practicar ninguna otra clase de diligencia». Y expone a continuación su dificultad «para obtener los datos que confirmen o desmientan la existencia de indicios racionales de infracción penal en los hechos denunciados».

No obstante, se han preparado nuevas denuncias relativas a proyectos urbanísticos concretos aprobados en base a declaraciones de impacto ambiental contradictorias o de dudosa fiabilidad. Se trata de dos proyectos urbanísticos en Carcaixent, denunciados por el colectivo Salvem la Bossarta. Uno de ellos se refiere a la construcción de 236 casas unifamiliares en un paraje calificado como suelo forestal no urbanizable.

Este colectivo denuncia que «existen dos informes oficiales que recomiendan la paralización del proyecto» firmados por Medio Ambiente. El otro proyecto se refiere a la construcción en la misma zona de un campo de golf y un hotel.

>JOAN A. OLTRA: “EUROPA CONFIRMA QUE ÉS PRECÍS CANVIAR LA LRAU I APOSTAR PER UN ALTRE MODEL”

El portaveu adjunt d’Esquerra Unida-Verds-l’Entesa demana una moratòria urbanística “per evitar que continue la barbàrie”

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Verds-l’Entesa a les Corts Valencianes, a través del seu portaveu adjunt, Joan Antoni Oltra, ha qualificat aquest matí com “absolutament normal i esperable” l’expedient que la Comissió Europea ha obert a Espanya amb motiu de l’aplicació al País Valencià de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU). “Evidentment, el que Europa confirma és que és precís canviar la llei i apostar per un altre model de creixement urbanístic més racional i que defense el territori i els drets dels ciutadans. L’aplicació de la LRAU s’ha convertit en un model d’indefensió dels ciutadans davant els abusos de les promotores i de llei lesiva i perjudicial. Un escàndol absolut que ha arribat a Europa i que sempre apareix lligat als interessos especulatius i del poder polític”, afegí.

Oltra, a més, acusava el PP d’estar “mantenint deliberadament la llei en vigor malgrat la necessitat de canvis perquè està servint perfectament als interessos especulatius. Cal una nova llei que corregisca els excessos però el PP està molt còmode amb l’actual situació”. El parlamentari, d’una altra banda, responsabilitzava el conseller de Territori i Habitatge, Rafael Blasco, de l’actual estat coses. “És cert que la llei va ser aprovada pels socialistes i els resultats han estat desastrosos, però el conseller Blasco manté una actitud hipòcrita perquè els abusos més importants i el major grau de descontrol i desordre urbanístic ha arribat durant l’etapa de govern del PP i no s’ha posat cap intenció en resoldre els problemes”, va dir al respecte.

El diputat, finalment, va reiterar la necessitat d’introduir “canvis urgents en la normativa urbanística del País Valencià i una moratòria urbanística per evitar que continue la barbàrie mentre es reformula el model”. “Malauradament, no tenim cap tipus de confiança en què el PP vulga acabar amb l’actual situació, sinó més bé al contrari”, conclogué.


València, 15 d’abril de 2005
GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA-L'ENTESA