Ni en tiempos de Franco se formuló propuesta tan disparatada. Bono no deja de proclamar a los cuatro vientos que va a subir, en tres años, las retribuciones militares en un 25%, pero como no puede cambiar el sueldo, los trienios, ni el complemento de empleo, cuyas cuantías se fijan por ley, lo va a hacer actuando sobre el complemento específico general. Para ello cuenta con 450 millones de euros que, repartidos entre 140.000 militares a lo largo de 38 meses, tocan a menos de tres euros diarios cada uno, el precio de un desayuno barato. Sin embargo, como el reparto no es lineal, unos tocarán a menos y otros a más.

Pero los altos mandos que han redactado el farragoso proyecto de nuevo Reglamento de Retribuciones Militares, que recoge el reparto de aquellos millones, quiere que los 200 destinados para el año 2007 sean empleados para incrementar el complemento específico singular, habiendo establecido unas tablas en las que a los generales toca una cantidad 55 veces superior a la que se pretende asignar a la tropa profesional (Grupo D).

Se disponen así a meterle un golazo al ministro y al Gobierno, y a dinamitar los criterios vigentes desde 1977 sobre la proporción que debe existir entre la cuantía de cualquier concepto retributivo (sueldos, trienios, complementos) entre el funcionario –civil o militar- que menos cobra (Grupo E) y el que más cobra (Grupo A), que es de 3 a 10. Excepcionalmente, el complemento específico general está establecido por decreto, que no por ley, en la proporción de 1 a 10.

Pues bien, los altos mandos militares consideran que la proporción del complemento específico singular debe ser de ¡1 a 55! Al parecer, entienden que el empleo de general tiene 55 veces mayor “responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad” que los empleos de Tropa Profesional (Grupos D y C). Es decir, lo generales quieren cobrar por ese solo concepto retributivo complementario más que de sueldo (Grupo A).

De momento no lo han conseguido. La aprobación del nuevo Reglamento, prevista para el pasado 28 de octubre, para que entrara en vigor el 1 de noviembre, ha sido demorada. Posiblemente, el Consejo de Estado, el ministro y el Gobierno han detectado tan desproporcionadas intenciones.

Jesús Navarro López (Sevilla)