AL TRASLUZ

Explosión en el arsenal de Ferrol, ¿un accidente laboral?

Fernando González Macías

Me pregunto si los dos marineros fallecidos ayer por la explosión de una caldera a bordo de la fragata Extremadura en el arsenal de Ferrol engrosarán o no el balance de víctimas de accidentes laborales este año en Galicia.

Habría que saberlo. Desde que la mili dejó de ser obligatoria, la soldadesca y la marinería están profesionalizadas y por tanto, ahora, la clase de tropa, como la oficialidad y el mismísimo generalato, desempeña labores entendidas como trabajo remunerado, como medio de vida, en una esfera equiparable al sector público. Vamos, que ya no es aquello de servir a la Patria o al Rey, sino al Estado, o sea, a la sociedad o lo que es lo mismo al resto de sus conciudadanos.

Cabría suponer que la actividad interna de las Fuerzas Armadas ya no está al margen de los imperativos del Derecho del Trabajo, como lo estaba en los tiempos en que uno prestó su servicio militar, allá por los años 80. Por entonces (y no digamos antes, en plena dictadura militar de Franco) el ámbito cuartelero era un mundo aparte del mundo real o del legal, un imperio del ordeno y mando, donde sólo había obligaciones y ningún derecho.

Los establecimientos dependientes del Ejército y de la Armada constituían un espacio de impunidad donde cada cierto tiempo sucedían desgracias, que a veces ni trascendían, derivadas de las deficiencias de instalaciones, equipos y materiales, cuando no de abusos puros y duros por parte de los mandos o de novatadas entre compañeros.

Pero mucho nos tememos que la profesionalización de las Fuerzas Armadas no haya comportado, al menos hasta hoy, una homologación de su forma de organizar y desarrollar el trabajo cotidiano con las normas que la legislación laboral impone a cualquier empresa en la vida civil.

Seguramente en los pabellones, en una fragata, dentro de un carro de combate, en los campos de maniobras o incluso en las misiones de paz, no existen planes de seguridad e higiene asimilables, por rigurosos, a los que se exigen en una nave industrial, en un local de oficinas o en unas obras de construcción. Y si hay tales planes, a saber si hay gente capacitada para gestionarlos.

Y a esa anómala situación contribuye, sin duda, que los profesionales de la Defensa, militares y guardia civiles, no gocen aún del derecho de sindicación que en un país democrático asiste a todos los trabajadores por cuenta ajena.

Y es que sin ese derecho, sin un mecanismo de representación legalmente amparado, mal podrán reivindicar la misma protección de la que goza cualquier otro profesional que trabaje en una empresa o una institución.

¿Veremos algún día a un inspector de trabajo revisando el interior de un buque de guerra o los hangares de un cuartel de Artillería?

Hasta entonces los militares reclutados por Bono serán profesionales, sí, pero menos...

FERNANDOMACIAS@TERRA.ES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA SINDICACIÓN MILITAR, ES UN PROBLEMA DE TODA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y AL QUE HAY QUE HACER FRENTE.

UN SENTIR MÁS EN ESE SENTIDO DEMOCRÁTICO

Los derechos de la Guardia Civil

José Carlos H.. Publicada el 22.12.2005

Hago un llamamiento al Gobierno para que sean reconocidas las justas reivindicaciones de los miembros de la Guardia Civil, que de forma democrática no pueden reclamar sus aspiraciones por ser un «cuerpo militar».

Me parece inconcebible que se cuestionen determinados derechos a los miembros de la Guardia Civil, porque la Constitución ampara a todo ciudadano español.

En este caso, no se respeta el principio de generalidad e igualdad, ya que se propicia una situación de discriminación en razón de la profesión ejercida.

Es hora de que se regulen las jornadas laborales, la libertad de expresión individual y de sindicación, y de que se les retribuya como corresponde para dignificar el trabajo abnegado que prestan a la sociedad, que va más allá de hacer cumplir la ley y el orden.