Ciertos presentimientos que impresionan al alma son, a veces, el presagio de lo que se teme (Pío X)
Domingo, 16 de
diciembre de 2001


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25 AÑOS DEL REFERENDUM / EL ORIGEN DE LA DEMOCRACIA
Un instante crítico en la Historia de España

Aquel día del referéndum, los españoles superaron la primera prueba de un
proceso político que estuvo desde el primer instante cuajado de dificultades y
amenazas. Y lo hicieron serenamente, respaldando la voluntad del Gobierno de
Suárez y con la ayuda indiscutible de la oposición

VICTORIA PREGO

EL NACIMIENTO DE LA LIBERTAD. El 15 de diciembre de 1976, hace ahora
25 años, los españoles tuvieron en sus manos el destino político del país y el diseño
básico de su futuro. Lo que la llamada hasta entonces por el franquismo «mayoría
silenciosa» debía decir en las urnas era si deseaba iniciar la vía de la reforma legal y
pacífica en busca de una meta de libertades que nos equipararan a las democracias
europeas, prefería por el contrario mantener vivo aunque actualizado en lo necesario
el Régimen franquista o deseaba, finalmente, la demolición del edificio jurídico
nacido después de la guerra y empezar a contruir desde cero el futuro de España.
Los españoles eligieron lo primero y , a partir de ese momento, se echaron a andar.

MADRID.- «Como un vendaval». Así empezaba la crónica en la que la revista
Cambio 16, auténtico referente para los demócratas españoles de la época,
informaba de la victoria del Gobierno Suárez ante las Cortes franquistas que
acababan de aprobar la Ley para la Reforma Política, un llave mínima pero
eficacísima que podía permitir al país inicar la senda hacia la democracia si el pueblo
así lo deseaba.

«Como un vendaval, pero controlado,» dice Cambio,

«el segundo gobierno de la Monarquía, recibido con hostilidad y escepticismo por la
opinión pública de este país y de fuera, ha terminado en tres sesiones históricas de
las Cortes españolas con la dictadura personal del generalísimo Francisco Franco
Bahamonde».

Aquella ley había nacido, como borrador, apenas tres meses antes, en el fin de
semana del 21-22 de agosto de 1976, cuando uno de los hombres de la máxima
confianza del Rey, Torcuato Fernandez Miranda, entonces presidente del Consejo
del Reino y presidente de las Cortes, dibujó negro sobre blanco la llave jurídica que
podía hacer posible la reforma sin quebrantar la legislación franquista.

Ley concisa

Dos días mas tarde, 24 de agosto, martes, el presidente Suárez presentó a sus
compañeros de gabinete los escasos tres folios que contenían el borrador del
anteproyecto de ley. Un texto corto, claro y preciso que estaba destinado a dar la
señal de partida a la transición politica de España hacia la democracia.

Y justamente aquí es cuando se produce una de las infintias contradicciones, que
serían mejor definidas como habilidades, incluso como astucias, que puntean un
proceso político tan extraordinariamente rápido como rotundamente eficaz: esta Ley
para la Reforma se presenta como la octava Ley Fundamental del régimen pero
contiene, ya desde su artículo primero, una afirmación que dinamita toda la
estructura jurídica del franquismo al proclamar la democracia, basada «en la
supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo» y define
claramente un Estado democrático y de derecho, lo cual significa que, si lo españoles
lo quieren, esta ley va a echar abajo todo el andamiaje legal del franquismo sin
vulnerar ni una coma de sus textos .

La segunda astucia consiste en que, siendo la octava Ley Fundamental, no incluye
cláusula derogatoria porque, de haberla incluído, tendría que derogar expresamente,
en el momento de ser aprobada, todas las leyes que se opusieran a ella. Y se
oponían nada menos que los principios rectores del particular ordenamiento
constitucional franquista.

La marcha de esta ley no había hecho más que empezar.

Mientras tanto, Adolfo Suárez desplegaba su particular programa de «venta y
encanto» del proyecto reformista con los líderes de la oposición democrática
-incluso, aunque a través de intermediarios, con el lider comunista Santiago Carrillo-,
con la Iglesia y hasta con los militares, a quienes, por cierto, tranquilizó sobre el
«riesgo» de que por la escotilla de la apertura pudiera colarse el partido Comunista.

Y, sin embargo, el mismo dia en que Suárez se reunía con la cúpula militar para
explicarles los propósitos del Gobierno, su propio intermediario, José Mario
Armero, se entrevistaba en París con el líder comunista sólo para dedirle que, de
momento, no se le iba a conceder el pasaporte español que pedía. Pero lo
importante es que el contacto estaba hecho y que habría de dar soberbios
resultados.

En el tramo que va desde agosto de 1976 hasta febrero de 1977, seis meses, se
juega en España, con una intensidad irrepetible y sin precedentes, una partida
múltiple en la que los actores apostaba por llegar a la misma meta aunque partiendo
de posiciones no sólo distintas sino aparentemente incompatibles. El 11 de
Septiembre, por ejemplo, 24 horas después de que Suárez comparezca ante la
televisión para presentar a los españoles el proyecto de Ley para la Reforma
elaborado por el Gobierno, se celebra en Cataluña la primera Diada autorizada
oficialmente y en la que los partidos nacionalistas y de izquierda convocan a una
autentica multitud. Un día histórico para Cataluña, y una prueba clara de cuales son
las intenciones políticas del Gobierno Suárez.

Muy pocos días después ETA asesta un golpe durísimo al proceso de apertura aún
ni siquiera iniciado: asesina al presidente de la Diputación de Guipuzcoa, Juan María
De Araluce, que es también, y nada menos, que miembro del Consejo de Reino. El
efecto político que esto produce en la clase franquista es importantísimo y se
presiona a Suárez para que declare de inmediato el estado de excepción en las
provincias vascas. Suárez no lo hace pero el ministro de Gobernación Rodolfo
Martín Villa, se ve obligado a acudir a la televisión para aclarar que el Gobierno no
va a caer en la trampa que se le quiere tender: «El orden y la libertad no son
cuestiones que se contraponen, sino que se necesitan».En respuesta a eso, ETA
hace saber su determinación de continuar con su estrategia de terror: «Proclamamos
nuestra voluntad de continuar haciendo justicia revolucionaria». La situación es
políticamente difícil en aquellos días pero va a parecer un balneario a quienes, tan
sólo unas semanas después, echen la vista atrás.

Esfuerzo de unidad

El camino hacia la apertura emprendido por el Gobierno se ve respondido desde la
oposición democrática - partidos de centro y de izquierda- con un esfuerzo de
unidad que encuentra sus dificultades pero que acaba por lograrse. La derecha ,por
su parte, se organiza en torno a Manuel Fraga y constituye Alianza Popular, a la que
se incoporan nada menos que 183 procuradores de las Cortes franquistas que han
de votar el proyecto de Ley para la Reforma Política que el Gobierno ha elaborado.
Un Gobierno que sabe que no puede perder ese reto y por esa razón «empieza un
periodo de actividad febril», dice Martín Villa, de veinticuatro horas al día, de un
intento de convencimiento individual y personalizado a todos y cada uno de los
procuradores en Cortes». El argumento es muy simple: un régimen que ha nacido de
una guerra civil no puede terminar con otro enfrentamiento entre españoles. Franco
ha muerto, ahora está el Rey y hay que hacer posible que el pueblo se pronucie.

El 16 de noviembre era el día D para el proyecto de Suárez: ese día las Cortes
reunidas en pleno debían iniciar el debate de la ley. Pero sólo cuatro días antes, el 12
de noviembre, la izquierda comunista lanza al gobierno un órdago de enorme
envergadura: la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, COS, encabezada y
dirigida por Comisiones Obreras, convoca una huelga general.Es el gran desafío del
antifranquismo, su último intento de que la iniciativa política, hasta ese momento en
manos de Suárez y los suyos, pase, aunque sea parcialmente, a manos de la
oposición.Pero en ese reto el Gobierno sabe que se juega no sólo su primogenitura
en el proceso político sino la existencia del proceso y la propia supervivencia del
gabinete. «Para nosotros, ganar por goleada a los promotores de aquella huelga era
importante», dice el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Así
pues, se preparan como para una batalla. Y la ganan. La huelga general afecta al
cinturón industrial de las grandes ciudades pero no se hace sentir en la vida diaria del
país. Es, de hecho, un fracaso.

Y así, sorteando obstáculos, el gobierno llega al 16 de noviembre con buenas cartas
en la mano. Pero no con todas las que se necesitan para ganar la partida.

Opinión ultra

En el pleno de las Cortes, los ortodoxos franquistas, especialmente el notario
ultraderechista Blas Piñar explica con toda claridad y crudeza lo que supone en
realidad esta ley para la supervivencia del franquismo: «Este proyecto de ley no
perfecciona el ordenamiento constitucional vigente sino que se halla en contradicción
con los principios doctrinales básicos... el sistema de sufragio universal [que
propone] no tiene nada que ver con el ordenamiento que descansa en la Ley de
Principios del Movimiento...está en conflicto con la filosofía política del Estado que
surgió de la Cruzada». Nada más cierto. El diagnóstico de Blas Piñar es perfecto.
Pero no logra concitar suficientes entusiasmos. Quien sí amenaza de verdad, y
gravemente, el camino de la reforma son las exigencias del grupo parlamentario
nucleado en torno a Alianza Popular, que pone en un brete al Gobierno al reclamar
un sistema electoral mayoritario y que se voten una por una las más de 80 enmiendas
presentadas al proyecto. Si Alianza Popular logra salirse con la suya, y puede
lograrlo porque su fuerza es enorme, el proyecto de reforma podría quedar tan
irreconocible que su destino inexorable sería el basurero político. En ese caso, los
intentos de Adolfo Suárez, de Torcuato Fernández Miranda y del Rey por alcanzar
la democracia yendo «de la ley a la ley» habrían fracasado para siempre.

Como aceptar las condiciones de Alianza Popular es imposible porque resulta
políticamente suicida se impone la negociación.Y a eso se dedican en la noche del
17 al 18 de noviembre, fecha límite para la votación de la ley, el presidente Suárez y
el vicepresidente Osorio. Es entonces cuando tiene lugar unas conversaciones que
ilustra perfectamente el talante que presidió la transición desde su mismo inicio y que
ayuda a comprender la mayor parte de los acercamientos y de los pactos, a veces
inexplicables, a veces deslumbrantes incluso, que se lograron en aquel período.La
conversación, contada por Alfonso Osorio es esta:

Adolfo Suárez le dice a Osorio: «Alfonso, no podemos dar nuestra conformidad a
esta solución sin tener la certeza de que la oposición la va a aceptar porque, si
después de hacer la reforma política, nos encontramos con que no entran en el
juego, no habremos hecho otra cosa que escribir sobre el agua. Intenta rápidamente
ponerte en contacto con ellos». Y así sucede.

Osorio habla con el catedrático Carlos Ollero y le lee varias veces lo que el gobierno
ha negociado con Alianza Popular: un sistema electoral proporcional con dispositivos
correctores.Se trata de saber si la oposición aceptaría esta fórmula. Muy pocos
minutos más tarde Ollero habla con Osorio y le transmite el siguiente mensaje: «Creo
que la redacción es correcta y es aceptable para la oposición. Lo importante es que
la ley no encalle en las Cortes. Después, supongo, se hablará en el momento en que
se redacte la Ley Electoral».

Adelante, pues. El Gobierno pacta con Alianza Popular y el proyecto de Ley para la
Reforma Política se somete a votación. Victoria rotunda: 438 votos a favor, dos en
contra y 57 abstenciones.No tiene nada de raro que se vea en ese instante a Suárez
cerrar los ojos y apoyar fugazmente la cabeza en el respaldo de su asiento.Lo ha
logrado. Inmediatamente después, y en medio de un aplauso atronador, se ve a
varios miembros del Gobierno con lágrimas en los ojos. No es para menos: se acaba
de abrir la puerta a la libertad. Ahora sólo falta que los españoles quieran
franquearla.

Parecería que las cosas van viento en popa, y lo cierto es que van. Pero la
tempestad que se va a abatir sobre España en los días siguientes a este triunfo
adquirirá una dimensiones tan tremendas que hasta los más templados llegarán a
sentir demasiado cerca de las cabezas de los ciudadanos el peligro de una nueva
catástrofe sangrienta en el país.

Porque esto es lo que sucede desde el 18 de noviembre, día en que las Cortes
franquistas aprueban la reforma, y el 15 de diciembre, en que los españoles son
convocados en referéndum para dar su respaldo definitivo al proyecto político del
Gobierno Suárez , respaldado por el Rey:

El 20 de noviembre, primer aniversario de la muerte de Franco, la ultraderecha se
manifiesta con enorme virulencia en la Plaza de Oriente para insultar al Gobierno y a
los Reyes- «Gobierno, atiende, España no se vende, Juan Carlos, Sofía. el pueblo
no se fía»- y, sobre todo, para pedir al ejército franquista que tome el poder e
impida por la fuerza lo que el «bunker» sospecha que no lograría con los votos: la
instauración de las libertades políticas en España, es decir, la traición a la memoria
de Franco.

El 21 de noviembre, y en las antípodas políticas de lo sucedido el día anterior, el
Partido Comunista sale a la luz en España e inicia el reparto público de carnés para
sus militantes. El día 24 Santiago Carrillo aparece en dos reportajes emitidos por las
televisiones francesa y sueca paseando en coche por Madrid.

Es la demostración palmaria de un rumor que lleva meses corriendo por España: que
Carrillo lleva meses viviendo clandestinamente en España y paseandose libremente
por las calles de la capital.La posición del Ministerio del Interior y del propio Suárez
se acerca peligrosamente al ridículo.

El dis 27 la oposición democratica celebra una «cumbre» en la que plantea al
gobierno siete condiciones para que el inminente referéndum y las eleciones futuras
tengan reconocida la legitimidad democrática.

El día 28 Santiago Carrillo asiste a una cena en casa del ex ministro de Asuntos
Exteriores José María de Areilza.

El día 5 de diciembre el Partido Socialista Obrero Español, todavía ilegal, celebra
por todo lo alto en un hotel de Madrid su primer congreso en España desde el
año1932. Asisten los más importantes líderes del socialismo internacional.

El día 10 Santiago Carrillo celebra en Madrid una rueda de prensa clandestina a la
que asisten más de cincuenta periodistas. El mismo anuncia que lleva casi un año
viviendo en España.

El día 11 el GRAPO secuestra al presidente del Consejo de Estado y miembro del
Consejo del Reino, Antonio María de Oriol. Oriol pertenece a una poderosa familia
con importantes conexiones en el mundo de la banca y es uno de los más influyentes
representantes del franquismo ortodoxo. Este hecho es políticamente
gravísimo.Areilza anota en su diario: « Es un ataque directo a la operación reformista
y al proceso entero de la Transición». El GRAPO lanza un comunicado en el que
amenaza con asesinarle.

El día 14 de diciembre, víspera del referéndum, el GRAPO hace público otro
comunicado en el que dice esto: «Que no nos obligue [el Gobierno] a tomar una
decisión que no deseamos». El Gobierno teme que el GRAPO cumpla su amenaza y
ponga el cadáver de Oriol encima de las urnas.

Mensaje público

Esa misma noche, 14 de diciembre, Adolfo Suárez comparece ante los españoles a
través de la televisión: «El proceso político que está viviendo España es, quizá, único
en la Historia...Pido que entre todos,con todos, hagamos posible que a este pueblo
se le devuelva la confianza de sentirse capaz de gobernarse a sí mismo. Mañana
gobiernan 22 millones de españoles... Estoy firmemente convencido de que es
posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España. Ustedes
tiene la palabra».

Día 15 de diciembre. Referéndum sobre la Ley de Reforma política.Estos son los
datos: Participación,77,4%.

El «SI» obtiene un aplastante94,2%. El «NO» un irrelevante 2,6%.Y la abstención
un digno 22,8. El proyecto político elaborado por Fernández Miranda, respaldado
por el Rey y defendido por Adolfo Suárez ha sido bendecido por los españoles.


Tras el referéndum, las pruebas más duras

El éxito del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política no logró apaciguar la
vida del país. Al contrario. Estos son los datos de los acontecimientos que suceden a
la consulta popular del 15 de diciembre:

El 20 de diciembre, miembros del franquismo intransigente atacan al presidente de
las Cortes Torcuato Fernández Miranda.

El 23 de diciembre Santiago Carrillo es detenido por la policía.Siete días después
sale en libertad.

El 23 de enero el estudiante Arturo Ruiz es asesinado en la calle por pistoleros de
ultraderecha. El día 24 es secuestrado por el GRAPO el teniente general Emilio
Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Horas más tarde, la
estudiante María Luz Nájera muere por el impacto de un bote de humo lanzado por
la policía. Esa misma noche son asesinados cinco miembros de un despacho de
abogados laboralistas del PCE. El miedo a un enfrentamiento masivo se extiende por
España.

El día 26 se produce el entierro de las víctimas de Atocha.

El día 28 el GRAPO asesina en Madrid a dos policías y a un guardia civil y hiere
gravísimamente a otros tres guardias.

El día 29, la ultraderecha insulta y agrede al general Gutiérrez Mellado en el funeral
por las víctimas del GRAPO.

Ese mismo día, Suárez acude a la televisión para enviar un mensaje de tranquilidad y
firmeza.

El día 11 de febrero la policía libera a Oriol y Villaescusa.



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Lo que el otro día comentaba sobre algo que había oido en torno a la posibilidad de que la Diputación alavesa negociara su propio Concierto, encuentra hoy una base enormemente sólida con el artículo de E.Guevara.

El artículo, como es habital en Guevara, no tiene desperdicio.
-----------------
El Concierto Económico y las diputaciones
EMILIO GUEVARA

Lo que llamamos Euskadi es un deseo expresado por primera vez hace unos cien años y concretado en un sistema institucional hace apenas veintidós. Antes, desde hace siglos, sólo existían al sur de los Pirineos Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cada una con sus instituciones forales. Estos son los territorios a los que pertenece lo que en la Constitución se reconoce y se denomina como derechos históricos. En 1979, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos decidieron, provincia por provincia y siendo necesaria la mayoría en cada una de ellas, aprobar el Estatuto de Autonomía e integrarse en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero esta decisión no supuso en modo alguno que perdieran o que cedieran sus derechos privativos ni a la Comunidad Autónoma ni a ninguna otra institución. Muy al contrario, el Estatuto, tras reconocer en su artículo 2 que la integración en la Comunidad Autónoma es un derecho y no una obligación, afirmaba en el siguiente artículo 3 el derecho de los territorios históricos a conservar, o en su caso restablecer y actualizar, en el seno de la Comunidad, su organización y sus instituciones privativas de autogobierno. Por si alguna duda quedara, el artículo 37 señalaba, de manera inequívoca, que los órganos forales de los territorios históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, añadiéndose que lo dispuesto en el Estatuto no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de cada territorio. Estos son los términos textuales del Estatuto votado en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ningún territorio vasco al integrarse voluntariamente cedió o traspasó sus derechos y sus competencias privativas. Al contrario, votó un texto en el que se ratificaba su total conservación y su intangibilidad. Este fue el pacto, esas eran la letra y el espíritu del mismo, esa fue la voluntad de los ciudadanos y esos siguen siendo los criterios y las reglas a respetar.
Entre las competencias privativas anteriores al Estatuto destaca el Concierto Económico, cuya esencia siempre ha consistido en un pacto por el que cada diputación foral ejercía en su territorio las competencias de orden tributario y recaudaba los impuestos concertados, pagando luego un cupo al ente político superior o supraterritorial. Era y es una figura integrada dentro del régimen jurídico privativo de cada territorio vasco. Pues bien, este sistema no cambia por la aprobación del Estatuto y la integración voluntaria en la Comunidad Autónoma, sino que sigue operando en su contenido esencial tanto frente al Estado como frente al Gobierno vasco. En efecto, según el artículo 41.2 siempre son las instituciones forales las que ejercen las competencias tributarias, y son ellas las que abonan cada una un cupo que integra el cupo global al Estado, y las que pactan o convienen también con la Comunidad Autónoma, como expresa el artículo 42.a) del Estatuto, su aportación a los gastos presupuestarios del País Vasco. No hay a mi juicio ningún precepto, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, que deba interpretarse o aplicarse necesariamente en el sentido de que el Concierto Económico con el Estado tiene que ser ineludiblemente uno solo y estar recogido en una sola ley. Más aún, la existencia de la Comisión Mixta está prevista en el Estatuto de Autonomía para el señalamiento de los cupos. Por tanto, si bien la aplicación e interpretación normalmente razonable es que la Ley del Concierto Económico sea una sola para los tres territorios históricos, no existe en la Constitución o en el Estatuto ningún obstáculo insalvable para la existencia de una Ley del Concierto Económico con Álava, otra con Vizcaya y otra con Guipúzcoa.
Lo que sí sería en mi opinión contrario a la disposición adicional primera de la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al espíritu fundacional de la Comunidad Autónoma es que, por una falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta, se produjera un bloqueo en la renovación del Concierto Económico y cualquiera de las tres diputaciones forales no pudiera concertar la renovación si los puntos de acuerdo con el Estado le parecen técnica y económicamente suficientes. El derecho originario y privativo de Álava, como el de Vizcaya o Guipúzcoa a negociar, pactar y disponer del Concierto Económico no puede quedar supeditado de tal modo a la voluntad del Gobierno vasco, o de cualquiera de las otras diputaciones, que el resultado final sea el vacío legal, la inseguridad o la pérdida del sistema. Estaríamos vulnerando ese principio fundamental del Estatuto por el que se prohíbe cualquier acto o interpretación del mismo que atente a la autonomía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, a su respectivo régimen jurídico privativo y a sus competencias, que en el caso del Concierto Económico son anteriores al Estatuto de Autonomía y expresan, mejor que cualquier otra, en la opinión ciudadana, la esencia de la foralidad.
A partir de este planteamiento, que siempre defendí como diputado general de Álava, quiero expresar mi opinión sobre lo que está sucediendo con la renovación del Concierto Económico. Comparto la tesis del diputado general de Álava de que la renovación del Concierto no puede depender de que se alcance antes un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco sobre el modo de participación directa de la instituciones vascas en la Unión Europea. Éste es un aspecto esencial del autogobierno vasco que necesariamente habrá de resolverse cuanto antes en forma satisfactoria, pero excede de lo fiscal o tributario, ya que tiene que ir referido a todas las materias en las que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas. No me parece constructivo y prudente poner en peligro la renovación del Concierto, con lo que ello supone, estableciendo como condición indispensable para el acuerdo el que exista otro previo sobre el sistema de participación directa en Bruselas, que, por cierto, en esta materia correspondería a las diputaciones forales. En lo que concierne a los aspectos técnicos y económicos, la experiencia enseña que jamás en la vida del Concierto dejó de existir acuerdo sobre los mismos, y nos ha ido muy bien.
En consecuencia, si durante el transcurso de la negociación la Diputación Foral de Álava, e igual la de Vizcaya y Guipúzcoa, con el refrendo de las juntas generales, llega al convencimiento de que los puntos de acuerdo ya existentes son suficientes para defender los intereses del territorio histórico, tendrá todo el derecho del mundo a exigir la firma con el Estado de ese nuevo Concierto Económico, opine lo que opine el Gobierno vasco. Si para ello hay que cambiar o aprobar determinadas normas de rango inferior a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, que se cambien o que se aprueben, porque el único resultado contrario a aquellas leyes básicas sería uno en el que las diputaciones forales vascas no pudieran pactar el Concierto Económico como consecuencia de estrategias o de exigencias del Gobierno vasco, por muy legítimas que las mismas sean. Está muy de moda apelar a la voluntad de la sociedad, a la autodeterminación y a los ámbitos de decisión. Pues bien, en Euskadi los sujetos de ese derecho de autodeterminación, de existir el mismo, y los ámbitos de decisión son los territorios históricos y sus ciudadanos. Algunos deberían reflexionar muy seriamente sobre estas cuestiones, y preguntarse si no están provocando la confrontación y la desintegración institucional y territorial de la Comunidad Autónoma, ellos que dicen tener como seña y objetivo fundamental la construcción nacional.

Efectivamente, EMILIO GUEVARA confirma lo ya sabido de que la competencia de las competencias sobre cada Concierto Económico RESIDE EN CADA DIPUTACION, y no en el Gobierno Vasco. De lo que se deduce, que no se entiende muy bien porqué MADRID no les manda al carajo a los ZENARRU....., y firma un concierto con cada Diputación directamente, o con las Diputaciones que lo quieran.



jcv3 ha escrito:
> Lo que el otro día comentaba sobre algo que había oido en torno a la posibilidad de que la Diputación alavesa negociara su propio Concierto, encuentra hoy una base enormemente sólida con el artículo de E.Guevara.
>
> El artículo, como es habital en Guevara, no tiene desperdicio.
> -----------------
> El Concierto Económico y las diputaciones
> EMILIO GUEVARA
>
> Lo que llamamos Euskadi es un deseo expresado por primera vez hace unos cien años y concretado en un sistema institucional hace apenas veintidós. Antes, desde hace siglos, sólo existían al sur de los Pirineos Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cada una con sus instituciones forales. Estos son los territorios a los que pertenece lo que en la Constitución se reconoce y se denomina como derechos históricos. En 1979, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos decidieron, provincia por provincia y siendo necesaria la mayoría en cada una de ellas, aprobar el Estatuto de Autonomía e integrarse en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero esta decisión no supuso en modo alguno que perdieran o que cedieran sus derechos privativos ni a la Comunidad Autónoma ni a ninguna otra institución. Muy al contrario, el Estatuto, tras reconocer en su artículo 2 que la integración en la Comunidad Autónoma es un derecho y no una obligación, afirmaba en el siguiente artículo 3 el derecho de los territorios históricos a conservar, o en su caso restablecer y actualizar, en el seno de la Comunidad, su organización y sus instituciones privativas de autogobierno. Por si alguna duda quedara, el artículo 37 señalaba, de manera inequívoca, que los órganos forales de los territorios históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, añadiéndose que lo dispuesto en el Estatuto no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de cada territorio. Estos son los términos textuales del Estatuto votado en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ningún territorio vasco al integrarse voluntariamente cedió o traspasó sus derechos y sus competencias privativas. Al contrario, votó un texto en el que se ratificaba su total conservación y su intangibilidad. Este fue el pacto, esas eran la letra y el espíritu del mismo, esa fue la voluntad de los ciudadanos y esos siguen siendo los criterios y las reglas a respetar.
> Entre las competencias privativas anteriores al Estatuto destaca el Concierto Económico, cuya esencia siempre ha consistido en un pacto por el que cada diputación foral ejercía en su territorio las competencias de orden tributario y recaudaba los impuestos concertados, pagando luego un cupo al ente político superior o supraterritorial. Era y es una figura integrada dentro del régimen jurídico privativo de cada territorio vasco. Pues bien, este sistema no cambia por la aprobación del Estatuto y la integración voluntaria en la Comunidad Autónoma, sino que sigue operando en su contenido esencial tanto frente al Estado como frente al Gobierno vasco. En efecto, según el artículo 41.2 siempre son las instituciones forales las que ejercen las competencias tributarias, y son ellas las que abonan cada una un cupo que integra el cupo global al Estado, y las que pactan o convienen también con la Comunidad Autónoma, como expresa el artículo 42.a) del Estatuto, su aportación a los gastos presupuestarios del País Vasco. No hay a mi juicio ningún precepto, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, que deba interpretarse o aplicarse necesariamente en el sentido de que el Concierto Económico con el Estado tiene que ser ineludiblemente uno solo y estar recogido en una sola ley. Más aún, la existencia de la Comisión Mixta está prevista en el Estatuto de Autonomía para el señalamiento de los cupos. Por tanto, si bien la aplicación e interpretación normalmente razonable es que la Ley del Concierto Económico sea una sola para los tres territorios históricos, no existe en la Constitución o en el Estatuto ningún obstáculo insalvable para la existencia de una Ley del Concierto Económico con Álava, otra con Vizcaya y otra con Guipúzcoa.
> Lo que sí sería en mi opinión contrario a la disposición adicional primera de la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al espíritu fundacional de la Comunidad Autónoma es que, por una falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta, se produjera un bloqueo en la renovación del Concierto Económico y cualquiera de las tres diputaciones forales no pudiera concertar la renovación si los puntos de acuerdo con el Estado le parecen técnica y económicamente suficientes. El derecho originario y privativo de Álava, como el de Vizcaya o Guipúzcoa a negociar, pactar y disponer del Concierto Económico no puede quedar supeditado de tal modo a la voluntad del Gobierno vasco, o de cualquiera de las otras diputaciones, que el resultado final sea el vacío legal, la inseguridad o la pérdida del sistema. Estaríamos vulnerando ese principio fundamental del Estatuto por el que se prohíbe cualquier acto o interpretación del mismo que atente a la autonomía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, a su respectivo régimen jurídico privativo y a sus competencias, que en el caso del Concierto Económico son anteriores al Estatuto de Autonomía y expresan, mejor que cualquier otra, en la opinión ciudadana, la esencia de la foralidad.
> A partir de este planteamiento, que siempre defendí como diputado general de Álava, quiero expresar mi opinión sobre lo que está sucediendo con la renovación del Concierto Económico. Comparto la tesis del diputado general de Álava de que la renovación del Concierto no puede depender de que se alcance antes un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco sobre el modo de participación directa de la instituciones vascas en la Unión Europea. Éste es un aspecto esencial del autogobierno vasco que necesariamente habrá de resolverse cuanto antes en forma satisfactoria, pero excede de lo fiscal o tributario, ya que tiene que ir referido a todas las materias en las que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas. No me parece constructivo y prudente poner en peligro la renovación del Concierto, con lo que ello supone, estableciendo como condición indispensable para el acuerdo el que exista otro previo sobre el sistema de participación directa en Bruselas, que, por cierto, en esta materia correspondería a las diputaciones forales. En lo que concierne a los aspectos técnicos y económicos, la experiencia enseña que jamás en la vida del Concierto dejó de existir acuerdo sobre los mismos, y nos ha ido muy bien.
> En consecuencia, si durante el transcurso de la negociación la Diputación Foral de Álava, e igual la de Vizcaya y Guipúzcoa, con el refrendo de las juntas generales, llega al convencimiento de que los puntos de acuerdo ya existentes son suficientes para defender los intereses del territorio histórico, tendrá todo el derecho del mundo a exigir la firma con el Estado de ese nuevo Concierto Económico, opine lo que opine el Gobierno vasco. Si para ello hay que cambiar o aprobar determinadas normas de rango inferior a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, que se cambien o que se aprueben, porque el único resultado contrario a aquellas leyes básicas sería uno en el que las diputaciones forales vascas no pudieran pactar el Concierto Económico como consecuencia de estrategias o de exigencias del Gobierno vasco, por muy legítimas que las mismas sean. Está muy de moda apelar a la voluntad de la sociedad, a la autodeterminación y a los ámbitos de decisión. Pues bien, en Euskadi los sujetos de ese derecho de autodeterminación, de existir el mismo, y los ámbitos de decisión son los territorios históricos y sus ciudadanos. Algunos deberían reflexionar muy seriamente sobre estas cuestiones, y preguntarse si no están provocando la confrontación y la desintegración institucional y territorial de la Comunidad Autónoma, ellos que dicen tener como seña y objetivo fundamental la construcción nacional.
>

> jcv3 ha escrito:
> Lo que el otro día comentaba sobre algo que había oido en torno a la posibilidad de que la Diputación alavesa negociara su propio Concierto, encuentra hoy una base enormemente sólida con el artículo de E.Guevara.
>
> El artículo, como es habital en Guevara, no tiene desperdicio.
> -----------------
> El Concierto Económico y las diputaciones
> EMILIO GUEVARA
>
> Lo que llamamos Euskadi es un deseo expresado por primera vez hace unos cien años y concretado en un sistema institucional hace apenas veintidós. Antes, desde hace siglos, sólo existían al sur de los Pirineos Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cada una con sus instituciones forales. Estos son los territorios a los que pertenece lo que en la Constitución se reconoce y se denomina como derechos históricos. En 1979, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos decidieron, provincia por provincia y siendo necesaria la mayoría en cada una de ellas, aprobar el Estatuto de Autonomía e integrarse en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero esta decisión no supuso en modo alguno que perdieran o que cedieran sus derechos privativos ni a la Comunidad Autónoma ni a ninguna otra institución. Muy al contrario, el Estatuto, tras reconocer en su artículo 2 que la integración en la Comunidad Autónoma es un derecho y no una obligación, afirmaba en el siguiente artículo 3 el derecho de los territorios históricos a conservar, o en su caso restablecer y actualizar, en el seno de la Comunidad, su organización y sus instituciones privativas de autogobierno. Por si alguna duda quedara, el artículo 37 señalaba, de manera inequívoca, que los órganos forales de los territorios históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, añadiéndose que lo dispuesto en el Estatuto no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de cada territorio. Estos son los términos textuales del Estatuto votado en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ningún territorio vasco al integrarse voluntariamente cedió o traspasó sus derechos y sus competencias privativas. Al contrario, votó un texto en el que se ratificaba su total conservación y su intangibilidad. Este fue el pacto, esas eran la letra y el espíritu del mismo, esa fue la voluntad de los ciudadanos y esos siguen siendo los criterios y las reglas a respetar.
> Entre las competencias privativas anteriores al Estatuto destaca el Concierto Económico, cuya esencia siempre ha consistido en un pacto por el que cada diputación foral ejercía en su territorio las competencias de orden tributario y recaudaba los impuestos concertados, pagando luego un cupo al ente político superior o supraterritorial. Era y es una figura integrada dentro del régimen jurídico privativo de cada territorio vasco. Pues bien, este sistema no cambia por la aprobación del Estatuto y la integración voluntaria en la Comunidad Autónoma, sino que sigue operando en su contenido esencial tanto frente al Estado como frente al Gobierno vasco. En efecto, según el artículo 41.2 siempre son las instituciones forales las que ejercen las competencias tributarias, y son ellas las que abonan cada una un cupo que integra el cupo global al Estado, y las que pactan o convienen también con la Comunidad Autónoma, como expresa el artículo 42.a) del Estatuto, su aportación a los gastos presupuestarios del País Vasco. No hay a mi juicio ningún precepto, ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía, que deba interpretarse o aplicarse necesariamente en el sentido de que el Concierto Económico con el Estado tiene que ser ineludiblemente uno solo y estar recogido en una sola ley. Más aún, la existencia de la Comisión Mixta está prevista en el Estatuto de Autonomía para el señalamiento de los cupos. Por tanto, si bien la aplicación e interpretación normalmente razonable es que la Ley del Concierto Económico sea una sola para los tres territorios históricos, no existe en la Constitución o en el Estatuto ningún obstáculo insalvable para la existencia de una Ley del Concierto Económico con Álava, otra con Vizcaya y otra con Guipúzcoa.
> Lo que sí sería en mi opinión contrario a la disposición adicional primera de la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al espíritu fundacional de la Comunidad Autónoma es que, por una falta de acuerdo en el seno de la Comisión Mixta, se produjera un bloqueo en la renovación del Concierto Económico y cualquiera de las tres diputaciones forales no pudiera concertar la renovación si los puntos de acuerdo con el Estado le parecen técnica y económicamente suficientes. El derecho originario y privativo de Álava, como el de Vizcaya o Guipúzcoa a negociar, pactar y disponer del Concierto Económico no puede quedar supeditado de tal modo a la voluntad del Gobierno vasco, o de cualquiera de las otras diputaciones, que el resultado final sea el vacío legal, la inseguridad o la pérdida del sistema. Estaríamos vulnerando ese principio fundamental del Estatuto por el que se prohíbe cualquier acto o interpretación del mismo que atente a la autonomía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, a su respectivo régimen jurídico privativo y a sus competencias, que en el caso del Concierto Económico son anteriores al Estatuto de Autonomía y expresan, mejor que cualquier otra, en la opinión ciudadana, la esencia de la foralidad.
> A partir de este planteamiento, que siempre defendí como diputado general de Álava, quiero expresar mi opinión sobre lo que está sucediendo con la renovación del Concierto Económico. Comparto la tesis del diputado general de Álava de que la renovación del Concierto no puede depender de que se alcance antes un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco sobre el modo de participación directa de la instituciones vascas en la Unión E
uropea. Éste es un aspecto esencial del autogobierno vasco que necesariamente habrá de resolverse cuanto antes en forma satisfactoria, pero excede de lo fiscal o tributario, ya que tiene que ir referido a todas las materias en las que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas. No me parece constructivo y prudente poner en peligro la renovación del Concierto, con lo que ello supone, estableciendo como condición indispensable para el acuerdo el que exista otro previo sobre el sistema de participación directa en Bruselas, que, por cierto, en esta materia correspondería a las diputaciones forales. En lo que concierne a los aspectos técnicos y económicos, la experiencia enseña que jamás en la vida del Concierto dejó de existir acuerdo sobre los mismos, y nos ha ido muy bien.
> En consecuencia, si durante el transcurso de la negociación la Diputación Foral de Álava, e igual la de Vizcaya y Guipúzcoa, con el refrendo de las juntas generales, llega al convencimiento de que los puntos de acuerdo ya existentes son suficientes para defender los intereses del territorio histórico, tendrá todo el derecho del mundo a exigir la firma con el Estado de ese nuevo Concierto Económico, opine lo que opine el Gobierno vasco. Si para ello hay que cambiar o aprobar determinadas normas de rango inferior a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, que se cambien o que se aprueben, porque el único resultado contrario a aquellas leyes básicas sería uno en el que las diputaciones forales vascas no pudieran pactar el Concierto Económico como consecuencia de estrategias o de exigencias del Gobierno vasco, por muy legítimas que las mismas sean. Está muy de moda apelar a la voluntad de la sociedad, a la autodeterminación y a los ámbitos de decisión. Pues bien, en Euskadi los sujetos de ese derecho de autodeterminación, de existir el mismo, y los ámbitos de decisión son los territorios históricos y sus ciudadanos. Algunos deberían reflexionar muy seriamente sobre estas cuestiones, y preguntarse si no están provocando la confrontación y la desintegración institucional y territorial de la Comunidad Autónoma, ellos que dicen tener como seña y objetivo fundamental la construcción nacional.


E. Guevara ha denunciado en diversas ocasiones, en este articulo una vez mas, la
irresponsable y minada senda politica que ha elegido el PNV en los ultimos años, Guevara y
otros relevantes politicos del PNV manifiestan periodicamente su desacuerdo respecto a las
estupidas actitudes y confrontaciones que el PNV provoca a efectos de crear tension con
el Gobierno de España, los muy imbeciles no se dan cuenta que la permanente tension
que éllos mismos crean tiene un efecto boomerang entre sus propias filas, ya que no solo
son los politicos de su propio partido los que les critican como Guevara y otros, entre sus
propios votantes el desencanto y la desercion estan al orden del dia por no citar a los
empresarios vascos que estan hasta los " mismisimos" por mucha victoria obtenida el
13-M.

Cualquier persona con dedos de frente se da cuenta que la confrontacion y tension que el
PNV provoca solo perjudica al Pais Vasco, por tanto no seria de extrañar que la Diputacion
de Alava prescindiese de la mediacion del Gobierno Vasco para pactar su propio Concierto
con el Estado e inclusive ir todavia mas alla y replantearse su permanencia dentro de la
CAV, esta operacion podria ser enormemente rentable para Alava y un torpedo en la linea
de flotacion del PNV.

Arzalluz & Cia, no saben con quien se estan jugando los cuartos.


Un abrazo.

P.D. Muy interesantes tus mensajes respecto a la " ATUTXADA "
>

Si el tema del Concierto no se resuelve puede dar origen a la mayor crisis de la etapa democrática para el Pais Vasco en general y para el nacionalismo en particular. Más que la escisión del PNV o que los acuerdos PNV-ETA.

Pensaba, que estaban jugando con fuego y que eso no había hecho más que empezar, ahora trás leer el artículo de Guevara, creo que Ibarretxe y su vice, como bien dices, pueden haber abierto la caja de Pandora, de la que puede surgir incluso la desvertebración de la CAV. (Acabo de oir a UA pidiendo un Estatuto propio para Alava). Los "michelines" tienen que estar horrorizados de tanta torpeza.
La dirección del PNV y su flamante lehendakari están tan sumidos en su autocomplacencia que es que NO SE ENTERAN DE NADA.


Un saludo


> PARLAMENT ha escrito:
>
> E. Guevara ha denunciado en diversas ocasiones, en este articulo una vez mas, la
> irresponsable y minada senda politica que ha elegido el PNV en los ultimos años, Guevara y
> otros relevantes politicos del PNV manifiestan periodicamente su desacuerdo respecto a las
> estupidas actitudes y confrontaciones que el PNV provoca a efectos de crear tension con
> el Gobierno de España, los muy imbeciles no se dan cuenta que la permanente tension
> que éllos mismos crean tiene un efecto boomerang entre sus propias filas, ya que no solo
> son los politicos de su propio partido los que les critican como Guevara y otros, entre sus
> propios votantes el desencanto y la desercion estan al orden del dia por no citar a los
> empresarios vascos que estan hasta los " mismisimos" por mucha victoria obtenida el
> 13-M.
>
> Cualquier persona con dedos de frente se da cuenta que la confrontacion y tension que el
> PNV provoca solo perjudica al Pais Vasco, por tanto no seria de extrañar que la Diputacion
> de Alava prescindiese de la mediacion del Gobierno Vasco para pactar su propio Concierto
> con el Estado e inclusive ir todavia mas alla y replantearse su permanencia dentro de la
> CAV, esta operacion podria ser enormemente rentable para Alava y un torpedo en la linea
> de flotacion del PNV.
>
> Arzalluz & Cia, no saben con quien se estan jugando los cuartos.
>
>
> Un abrazo.
>
> P.D. Muy interesantes tus mensajes respecto a la " ATUTXADA "
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