DEMOCRACIA TUTELADA, REFORMAS NECESARIAS

• Hay que cambiar las leyes que articulan el andamiaje político español y la vida de los partidos




Manuel Pimentel
Exministro de Trabajo y escritor

Vivimos en una democracia tutelada, manifiestamente mejorable. Nuestro sistema político, nacido en una fulgurante transición desde una dictadura a una democracia, es rehén de su propio éxito. Nos ha ido tan bien con ella, que nos da miedo tocarla o mejorarla. Pero ese inmovilismo puede convertirse en un cáncer que erosione su conquistada autoridad moral.
Sea pues bienvenido el anuncio del partido del Gobierno de iniciar un periodo de diálogo para reformar algunas leyes, como la de partidos o la electoral. Probablemente, junto con el reglamento del Congreso y las que rigen el poder judicial, sean las que configuren el esqueleto básico de nuestro juego político.
Una reflexión previa. Nuestra sistema no sólo se ve afectado por las habituales limitaciones de las democracias representativas, sino es que, además, no ha conseguido establecer ni siquiera una mediocre separación de poderes. Nuestra Constitución no consagra tres poderes autónomos. Sólo instaura uno, el del partido político. Quién consiga el poder en su seno --en el que no está garantizada la democracia interna-- podrá elegir y controlar a los diputados, mediante el vergonzoso sistema de listas cerradas y el comisariado del grupo parlamentario. El ejecutivo y el legislativo están pues a las órdenes directas del partido. No son dos poderes, son dos expresiones de un único poder, el del partido político. Y el poder judicial casi igual. La mayoría de los vocales que componen el CGPJ son elegidos por sus señorías, en función de cuotas partidarias. Lamentable y triste, pero real como la vida misma. Tenemos pues que reformar en profundidad, tanto las leyes que articulan nuestro andamiaje político, como la vida interna de los partidos, hoy bajo sospecha.

Y LA DEMOCRACIA representativa, ¿es la única posible? El pensador Barber, en su libro Democracia fuerte, sentencia algunos de los males extendidos de las democracias representativas: "Está muy difundida la idea de que bajo un Gobierno representativo, el elector sólo es libre el día que tiene la papeleta de voto en su mano. Pero incluso este acto puede resultar de dudosa consecuencia en un sistema donde los ciudadanos usen esta franquicia sólo para elegir a una élite ejecutiva, judicial o legislativa que a cambio va a ejercer todas las demás áreas de importancia cívica. El principio representativo le roba a los individuos la responsabilidad última sobre sus valores, sus creencias y sus acciones". Rousseau resultaba más tajante: "En el instante en que un pueblo permite ser representado, pierde su libertad". Y en otra de sus críticas afirmaba: "El pueblo inglés se cree libre, pero se engaña extraordinariamente, pues lo es sólo al elegir sus diputados; una vez elegido vuelve a la servidumbre y queda anulado".
La democracia representativa marca distancias entre la política --"eso" que hacen los políticos-- y los ciudadanos, a los que tan sólo les estaría permitido dedicarse a sus actividades privadas o a obras sociales y benéficas realizadas a través de ONG. En nuestra ficción democrática, sólo somos libres un día, en el de la votación. Después a soportar a quienes han colocado las élites de los partidos --que no los ciudadanos-- en el poder. Este sistema de representación aleja la política del ciudadano, que sólo se ve impelido a actuar en dos circunstancias: el día de la votación y en caso de conflicto o escándalo institucional. "Úsese sólo en caso de incendio". El 11-M fue un hermoso ejemplo de ello. No se vota a favor de un programa, sino para echar a quienes se han equivocado gravemente.
Castiello fue un valiente humanista, que osó enfrentarse con Calvino en defensa de Miguel Servet. En el siglo XVI los poderosos agrupaban partidos a su alrededor. Castiello afirmó que en esos partidos la lógica de la victoria siempre terminaba suplantando a la lógica de la justicia a la que inicialmente se debían atener. Hoy sigue siendo así. Los partidos dan prioridad a la lógica de la victoria sobre la de la justicia. Casi todo vale con tal de ganar. ¿Márketing, promesas, injurias, poses? Todo está permitido en nuestros hábitos políticos con tal de ganar las elecciones. Y sus forofos respectivos se jactan públicamente de sus "habilidades".

AUNQUE me gustaría equivocarme, creo que la reforma que trae entre manos el PSOE, aunque en buena dirección, será poco más que un maquillaje. Dudo mucho que se atreva a romper los privilegios de representación, financiación y monopolio que tienen en la actualidad los partidos. De antemano ya sabemos que han condenado las primarias internas y las listas abiertas; el aparato partidario mantendrá el poder de premiar a los dóciles y castigar a los librepensadores. Démosle un margen de confianza. Ojalá nos sorprendan y consigan hacernos partícipes a todos de nuestra vida colectiva.

Catalunya pierde peso

• Los datos sobre crecmiento del PIB reflejan que ha existido una política de inversión discriminatoria

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Catalunya pierde el mismo peso en el PIB español que gana Madrid








La aportación de Catalunya al conjunto del PIB español se reduce progresivamente. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 1998 y 2003, la aportación catalana al conjunto español de bienes y servicios se ha reducido en más de 4 décimas (del 18,70% al 18,29%). En ese mismo periodo, la Comunidad de Madrid ha incrementado su aportación al PIB del Estado en 4 décimas, lo que aumenta la apariencia de que cuando uno pierde el otro gana. Contribuye el hecho de que Valencia y Baleares están entre las comunidades que han tenido un mejor desarrollo.
Pero lo relevante es lo que ha señalado el conseller Antoni Castells: por primera vez en 40 años se ha quebrado el modelo de crecimiento español según el cual Catalunya, por tener una dependencia mucho mayor del ciclo económico de la UE, refleja con más intensidad los auges y caídas del PIB. Desde que el PP accedió al poder en 1996, la economía catalana crece por debajo de la media española. Lo que confirma ahora el INE es la solidez de las denuncias hechas por el mundo empresarial --como el Círculo de Economía y la Cambra de Comerç-- de que el Estado y su política de inversiones no han sido ajenos al cambio del modelo.

Es completamente lógico que las zonas menos desarrolladas crezcan más que las que tienen un nivel de vida mayor.

La función de un Estado es permitir un marco económico en el que se equilibren las diferencias de nivel de vida entre sus habitantes, tanto por el puro y simple arbitraje empresarial, aprovechando ventajas de mano de obra o materias primas, como por el fenómeno de redistribución solidaria interterritorial.

Lo que tú planteas de que Cataluña tenga que estar siempre con un mayor nivel de vida que los demás es absolutamente egoísta e insolidario.

> l071 ha escrito:
> Es completamente lógico que las zonas menos desarrolladas crezcan más que las que tienen un nivel de vida mayor.
>
> La función de un Estado es permitir un marco económico en el que se equilibren las diferencias de nivel de vida entre sus habitantes, tanto por el puro y simple arbitraje empresarial, aprovechando ventajas de mano de obra o materias primas, como por el fenómeno de redistribución solidaria interterritorial.
>

Furro! El Estado debe garantizar el bienestar de todos sus habitantes (Todos, he dicho, todos ... no algunos). Si no entiendes que se puede elevar sin reducir ...

> Lo que tú planteas de que Cataluña tenga que estar siempre con un mayor nivel de vida que los demás es absolutamente egoísta e insolidario.
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Furro de remate! ¿Donde he dicho yo eso?

Ay, Señor!!!

Elorza pide que Euskadi siga "la estela" catalana



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Terrorismo en España

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Política española






AITOR UBARRETXENA
SAN SEBASTIÁN

El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, aseguró ayer que la vía catalana para la reforma del Estatut es el ejemplo a seguir para los vascos. "La estela de Catalunya nos va a servir de referencia en los próximos dos años. Y si no, al tiempo", aseveró.
En el 4° Seminario Ernest Lluch, que se enmarca en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Elorza opinó que no sería "tan difícil" lograr un "acuerdo de mínimos" entre todas las fuerzas políticas vascas, similar al que se busca en Catalunya, para profundizar en el autogobierno de Euskadi, siempre que los partidos hagan el mismo "esfuerzo de generosidad y de búsqueda de puntos de encuentro".
El alcalde mostró su admiración hacia el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, por haber defendido "profundizar" en el autogobierno catalán desde un pacto "procedimental" entre todas las fuerzas políticas del Parlament, para después intentar llegar a un acuerdo "también con el Gobierno central y con las Cortes Generales". A su juicio, éste debiera ser también el camino a seguir para avanzar en el autogobierno en Euskadi.
Respecto a la posibilidad de convocar un referendo en el País Vasco, Elorza apuntó a que una consulta sobre el grado de vinculación con el resto de España "puede figurar perfectamente en un Estatuto de Autonomía, en el marco de un autogobierno reformado con todo tipo de cláusulas y cautelas", siempre desde el pacto bilateral entre ambas administraciones, "y nunca desde una supuesta imposición".

... contestaciones ¿Adonde vas? Patatas traigo...

Elena Francis

'El origen de la soberanía' - Tomás Urzainqui Mina

Todavía algunos recién licenciados en Historia por la Universidad española (estatal o privada) suelen afirmar con vehemencia que «la soberanía pertenecía a los reyes hasta que la revolución francesa en 1789 se la dio a la nación o pueblo», pues con este interesado «dogma» les han querido enseñar a matar dos pájaros de un tiro: 1) «que tanto la nación como la soberanía no existían antes de dicha fecha» y 2) «que por ello los vascos nunca han tenido ni nación ni soberanía». Mientras que el concepto de nación ya aparece en el siglo VI, otra cosa muy distinta es que exista una conexión entre la idea de nacionalidad tal como se entendió en los siglos XVI al XVIII y la idea de soberanía popular ligada a los cambios de 1789.
Aunque al menos desde Rousseau se da por sentado que la soberanía radica en el pueblo, ello no significa que con anterioridad no existiera soberanía. Es en la cultura greco-latina donde, primero en las ciudades Estado y luego en el Estado romano, hallamos la concepción de que los ciudadanos pertenecen a la ciudad o estado, el cual es gobernado por sus representantes. A partir de que la religión oficial del Estado romano es reemplazada por el cristianismo se desarrolla la dicotomía entre el poder espiritual y el poder temporal, que desembocará en el papado y los reinos europeos. Dentro de este escenario general se desarrolla un enfrentamiento permanente entre las concepciones que podríamos denominar «ciudadanas» y las «absolutistas». Así, en el siglo XVI no significa lo mismo la palabra soberanía para los monarcomacos navarros y holandeses que para los abso- lutistas franceses y españoles. Es preciso, pues, reflexionar sobre la noción misma de «soberanía» entendida desde puntos de vista diferentes, así como según el país y la época estudiada. Lo contrario es convertir la historia de Europa en un falsificado erial.

Las palabras «soberanía» y «soberano» eran utilizadas desde la mitad del siglo XII por los juristas europeos, con el sentido de «super omnia» y «superior non recognoscendum». En las Leyes que figuran en las primeras redacciones de lo que luego se llamará Fuero General, época de Sancho VI el Sabio y Sancho VII el Fuerte, figura: «fuero que ha el rey de Navarra con todos sus navarros y los navarros con el Rey». El juramento de los reyes de Navarra de 1234, mantiene viva la idea de que las cosas juradas no eran concesiones o privilegios revocables, sino que formaban parte de la misma Constitución política del Reino. Las Leyes están por encima del Rey. Los estamentos de las Cortes tienen clara conciencia de que actúan en nombre de «todo el pueblo de Navarra» o de «todo el pueblo del regno de Navarra». En el axioma de las Juntas de Infanzones «pro libertate patria gens libera state» se recoge la constitucionalización del principio de que las libertades públicas y privadas son imprescindibles para la libertad de la nación.

En ninguna otra monarquía europea habían logrado los «estados generales» imponer a la Corona el juramento de las leyes y la reparación de agravios como requisito previo a la investidura real. Si se compara esto con lo que se hacía en Inglaterra en 1258 se notará la enorme ventaja que tienen los navarros en su esfuerzo para someter a los reyes al imperio de la Ley. En el Proemio del Fuero Reducido de 1528 y en el Preámbulo del Fuero de Bearne de 1551 promulgado por Enrique II de Navarra, se percibe el sentido republicano de la elección del rey, cuya figura queda supeditada a las libertades. El ejercicio del poder en Navarra era objeto de un contrato entre el Soberano y las Cortes o Estados Generales, mientras el absolutismo triunfante en Francia y España suponía la organización de un poder político férreamente sometido al control exclusivo del Rey y de sus funcionarios.

La existencia de «un pacto mutuo entre el rey y los ciudadanos», es denominado por la teoría política europea como sistema «monarcomaco», este régimen representaba la negación del absolutismo. Para ellos la vida política del país se regía por un doble contrato: uno entre el príncipe y su pueblo, y otro entre el pueblo y la asamblea encargada de representarle; en los dos casos la base del contrato era el respeto de las Leyes constitucionales. Estas ideas políticas se encuentran en el funcionamiento de las instituciones y estados generales de los países del Estado pirenaico de Navarra-Bearne-Foix-Labrit (inclui- dos Bigorra, Coserans, Comminges, Domezan, Armagnac, Andorra, etcétera) al menos de 1481 a 1620, prolongándose con dificultades hasta 1789, consiguiendo mientras tanto triunfar definitivamente en los Países Bajos e Inglaterra durante los siglos XVI y XVII.

Los poderes autoritarios e imperialistas, de los que forman parte los Estados gran-nacionales español y francés, aún tras 1789, sedicentemente liberales, no han inventado ni el Estado, ni la nación, ni la soberanía ni la democracia, sino más bien todo lo contrario han envilecido y embrutecido estas magnas construcciones del genio humano. Ingenuidad suprema es dar por buena la descarada falsificación camufladora del poder, ejercido de forma autoritaria, que han hecho los Estados gran-nacionales.

Los dogmas del Estado gran-nacional son seguidos por los crédulos «historiadores» que, a veces sin saberlo, son activos sacerdotes de la religión imperial, de la cual dirigen su culto y son guardianes de sus sacrosantas verdades. Qué mayor anacronismo puede haber que encerrarse entre las cuatro paredes del ruinoso panteón jacobino, donde las verdades reveladas se protegen tras sus muros, desde que allí fueran colgadas y entronizadas, al margen de la vida y de la evolución de las sociedades; sólo administradas por los teólogos -catedráticos y profesores- de la religión del Estado gran-nacional.

Es preciso contextualizar la obra de los escritores, así leyendo a los calagurritanos Quintiliano o a Prudencio debemos tener en cuenta el horizonte de la época respectiva del Imperio romano; al examinar los textos de Martín Azpilicueta o Juan Huarte lo mismo con referencia al poder imperial español; al estudiar los trabajos de Jose Mª Lacarra o José Mª Jimeno Jurio la influencia del ambiente que se vivió en los diferentes tiempos del largo franquismo.

No se puede meter en el saco del absolutismo a los autores navarros de la Edad Moderna *muchos de ellos dieron sus primeros pasos en la Escuela de Gramática de Pamplona además con las lecciones directas del gramático pam- plonés Masparrauta y de su gramática impresa en 1492* Miguel de Ulzurrun, Martín de Azpilicueta, Bartolomé Carranza o Juan Huarte de San Juan, pues aunque se vieran en el trascurso de sus vidas obligados a capear el recio temporal del absolutismo, sobre todo después de la conquista de Navarra, fueron capaces de desarrollar al menos a nivel ideológico la teoría que buscaba la defensa de los ciudadanos frente al aplastante poder absoluto de la sagrada majestad imperial.

La monarquía y el sexo
Maite Soroa

La monarquía, como los coches viejos, tiene problemas. Cada día que pasa, uno nuevo. El domingo en “El Mundo” y ayer en “La Razón”, dos próceres del nacinoalismo monárquico español daban cuenta del gravísimo problema detectado en la Casa reinante en el país vecino y la relación *¡cómo no!* del problema con las cosas de Euskal Herria.

El problema es que la Constitución española mantiene la regla machista según la cual los hombres tienen preeminencia sobre las mujeres a la hora de suceder al monarca. Ahora se trata de paliar situación tan impresentable mediante una modificación constitucional, porque si Letizia diera a luz una hermosa niña, sería la heredera, pero si luego naciera un hermoso niño, le movería el trono. Si se modifica la Constitución, eso no podría suceder. Un follón. Pedro J. Ramírez teme que la ausencia de Pacto de Estado entre PSOE y PP para esa modificación constitucional, que iría pegada a la del nuevo modelo de Estado, acarree que «en estas circunstancias los federalistas asimétricos e incluso los separatistas podrían intentar ganar para su causa a unos Príncipes de Asturias preocupados por el futuro de su prole y el aggiornamiento de su imagen». La cosa parece grave. Y ahí está Pedro J. Ramírez con sus fórmulas mágicas para salvar a la Patria: «A mí lo único que se me ocurre con plenas garantías de éxito es que Felipe y Letizia pongan su problema en manos de la ciencia, eligiendo el sexo de sus hijos mediante un proceso de selección de embriones, en la fase de preimplantación, dentro de las técnicas in vitro». Como es sabido, la legislación española no lo permite, así que Ramírez propone saltarse la ley o «acudir a Bélgica» donde la legislación parece más permisiva.

Se trata, en definitiva, de que Letizia dé a luz un niño. O sólo niñas. Lean: «Dos serían los caminos para independizar el rumbo de la Monarquía del de la reforma constitucional. El más sencillo sería asegurarse de que el primer descendiente de los Príncipes de Asturias fuese un varón sano y robusto, sin malformación genética alguna». Pero hay alternativa a la hipótesis de un varón tarado: «El segundo camino, más enrevesado, consistiría en que los Príncipes de Asturias sólo tuvieran hijas (...) de tal forma que quedara asegurado que no apareciera ningún varón que un buen día se saltara la cola y dejara a la promigénita compuesta y sin corona». No sé qué pensará Ramírez *ni Felipe, ni Letizia* pero también podría decidirse que, sea cual sea el sexo del primer descendiente, se capa al padre y problema resuelto. Lo que no termino de entender es por qué nos mete Ramírez a vascos y catalanes en este fregado.

UN DERECHO NO ES UN PRIVILEGIO

• Resolver el encaje de Catalunya y de las otras nacionalidades históricas en el Estado supone reconocer de forma plena la voluntad de estas comunidades con conciencia de serlo




JORDI Porta
Presidente de Òmnium Cultural

Uno de los temas que Franco quiso eliminar manu militari con la dictadura política durante 40 años, y que la Constitución de 1978 quiso resolver sin ruptura explícita con el régimen anterior, fue la cuestión del encaje de las nacionalidades en un Estado de "nueva planta".
En realidad, se trataba de legitimar democráticamente la nueva situación dando autonomía a las nacionalidades llamadas "históricas": Euskadi, Catalunya y, en menor grado, Galicia, que habían tenido una larga historia de afirmación nacional y de voluntad de autogobierno.

ESTOS PAÍSES habían dejado una estela de personas que habían luchado por esta causa dando su vida durante el régimen franquista. Personas que iban, en el caso de Catalunya, desde el president Lluís Companys hasta el democristiano Manuel Carrasco i Formiguera. Catalunya, además, había mantenido la continuidad de la institución que encarnaba su autogobierno, la Generalitat, a través de los presidentes que sustituyeron a Companys, primero el president Josep Irla y después el president Josep Tarradellas.
Los redactores de la Constitución quisieron resolver la cuestión con la generalización del régimen autonómico y estableciendo una distinción entre nacionalidades y regiones sin precisar cuáles tenían esta condición ni las consecuencias realmente políticas que se derivaban de ello. Era una forma de rebajar las resistencias en el resto de España ante lo que podía interpretarse como una fractura del Estado, pero también se convertía en una coartada cara a las nacionalidades, que de esta manera tendrían que limitar sus aspiraciones, es decir, deberían compartirlas en la práctica con otras 17 entidades territoriales más.
Recuerdo de principios de la década de los 80 una reunión celebrada en El Escorial con representantes de la sociedad civil castellana del momento en la que unos residentes en Castilla-La Mancha me decían: "Nosotros no queríamos ni habíamos reclamado jamás la autonomía pero ya que nos la han dado procuraremos utilizarla".
Con la perspectiva de los años debe decirse claramente que este sistema ha generado un efecto perverso: creer que las colectividades que quieren más autonomía son más importantes que las otras y esto ha provocado que las regiones que no la habían pedido jamás creyeran que la necesitaban cuando su conciencia y realidad nacional española estaba bien establecida desde hacía siglos.
En cualquier caso, si les habían dicho que eran una autonomía, intentarían aprovechar la descentralización administrativa concedida con el fin de dar más eficiencia y proximidad a la gestión pública. Pero en el curso de los años de esta aplicación de la política autonómica se ha dado el hecho de que, cuando Catalunya reclamaba alguna competencia, en seguida aparecían otras comunidades autónomas que de una forma infantil decían: "¡Y yo también!"

POR ESO HAY que recordar --una vez más-- que un derecho no es un privilegio. Que una colectividad nacional aspire a ejercer sus derechos no significa que sea mejor o peor que otras colectividades que no tienen asumida esta realidad ni sienten la necesidad de hacerlo, básicamente porque tienen la conciencia de ser una región de otra nacionalidad.
De lo que se trata, simplemente, es de que la nacionalidad sea reconocida como lo que es, y esto --como ya se ha dicho--, que es el ejercicio de un derecho, no es nunca un privilegio. Se trata del reconocimiento de lo que la historia y la cultura han sedimentado creando una conciencia nacional propia que exige las consecuencias políticas correspondientes. Y no se trata de una cuestión meramente nominalista.
A raíz del revuelo que originaron unas declaraciones del expresident Jordi Pujol hace ya meses al decir que Catalunya no era Cuenca, fue necesario insistir en que la existencia de una diferencia no era la constatación de una superioridad, ni la consagración de una desigualdad. Una región puede ser más rica, más potente, más envidiable que una nacionalidad. California es más importante que Catalunya, pero no tiene sus aspiraciones de autogobierno. Y esto no quita ni pone nada. Simplemente constata una diferencia respecto a la conciencia nacional de sus habitantes. Recientemente, el actual president de la Generalitat, Pasqual Maragall, lo ha dicho de otro modo: "Se trata de diseñar las reglas del juego excluyendo todo privilegio, no de borrar las distinciones realmente existentes para que quede claro que no hay privilegios".
Es esta una batalla que, más allá de las negociaciones que los partidos políticos deberán llevar a cabo para la aprobación del nuevo Estatut de Catalunya, requerirá de un esfuerzo --una vez más-- de pedagogía política a través de los medios de comunicación de alcance estatal con el fin de situar en su lugar las legítimas aspiraciones de cada una de las realidades territoriales.